Una grave denuncia remeció a la población boliviana tras hacerse público el caso de extorsión perpetrado por efectivos policiales en la tranca del kilómetro 17 ½. Los uniformados, identificados como el Tte. Adolfo Guarachi López y Freddy Crispín Plata, fueron sindicados por la víctima, Ricardo Jaime Condori Ayala, de sustraerle Bs. 15.000 durante un control de rutina el pasado 22 de julio de 2024.
A pesar de las pruebas y el revuelo mediático, los implicados continúan desempeñando funciones dentro de la institución policial sin enfrentar procesos disciplinarios claros, lo que ha encendido cuestionamientos sobre transparencia, impunidad y posibles privilegios al interior de la fuerza pública.
Los Hechos
Según el relato de Ricardo Jaime Condori Ayala, los oficiales abordaron el bus en el que viajaba, procediendo a un control rutinario que derivó en la revisión de sus pertenencias. Al encontrar el dinero, el ciudadano fue obligado a descender del bus junto con su ayudante, Richard Choque Veliz, siendo conducidos a las oficinas policiales donde, bajo amenazas, los efectivos sustrajeron la suma de Bs. 15.000.
Posteriormente, los uniformados trasladaron a las víctimas en una vagoneta gris y las abandonaron en plena carretera, a dos kilómetros del puesto de control. Condori Ayala denunció el hecho a un sargento de la Patrulla Caminera, pero solo logró la devolución de Bs. 5.000 tras un nuevo episodio de intimidación por parte de un teniente implicado.
El caso tomó un giro aún más sombrío cuando abogados identificados como Cristian Severiche y Nicolás Valdivia se presentaron en la clínica donde Condori Ayala estaba internado, ofreciendo recuperar el dinero a cambio de firmar un desistimiento de acciones legales contra los policías. La presión culminó con la detención de estos abogados por personal del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción.
La Impunidad que Indigna
A pesar de la gravedad del caso y la flagrancia en los hechos, los uniformados continúan ejerciendo funciones dentro de la Policía Boliviana, una situación que ha generado malestar en la ciudadanía y cuestionamientos a la Dirección Departamental de Investigación Interna (DIDIPI) y a la Fiscalía, a cargo de la Dra. Yolanda Aguilera Lijerón. ¿Por qué los responsables no han sido suspendidos? ¿Qué ha pasado con el proceso disciplinario y penal?
Silencio de las Autoridades
Se espera un pronunciamiento oficial de la DIDIPI y de la Fiscalía en los próximos días para esclarecer el estado del caso y garantizar transparencia. Este silencio institucional no solo afecta la confianza en el sistema de justicia, sino que abre la puerta a especulaciones sobre encubrimientos y privilegios.
¿Dónde Está la Justicia?
La ciudadanía demanda respuestas inmediatas. El caso ha puesto en jaque la credibilidad de las instituciones policiales y judiciales, exponiendo una preocupante normalización de la impunidad. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares continúan exigiendo justicia, señalando que, hasta el momento, las acciones de los uniformados han quedado prácticamente impunes.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿Hasta cuándo la impunidad protegerá a quienes deberían protegernos?
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