Un nuevo escándalo sacude al Gobierno: el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, está en el ojo del huracán tras detectarse más de Bs 1 millón en depósitos realizados a sus cuentas por funcionarios de diversas instituciones públicas y particulares. La investigación reveló que los montos provienen de reparticiones como el Segip, YPFB, INRA, Sedem, Emapa y otros, además de personas vinculadas a empresas privadas.
La Fiscalía de La Paz aceptó la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, en la que también se involucra al asesor jurídico de Lisperguer, Gabriel Alejandro Delgado. Este último habría recibido transferencias por más de Bs 600 mil, cantidades completamente desproporcionadas a sus ingresos mensuales.
Según la Fiscalía, mientras Lisperguer percibía un salario de Bs 21.000, registró un meteórico aumento en su patrimonio, pasando de declarar un solo inmueble en Cochabamba a poseer nueve propiedades. Por su parte, Delgado, cuyo sueldo rondaba los Bs 19.000, acumuló vehículos de alta gama y fuertes sumas en efectivo, a pesar de haber declarado solo una motocicleta y un anticrético como bienes iniciales.
El fiscal anticorrupción Miguel Cardozo detalló movimientos inusuales en las cuentas bancarias, algunos superiores a Bs 200.000 por transacción, realizados por servidores estatales y privados. «Estas cifras no concuerdan con los ingresos declarados y apuntan a un esquema de enriquecimiento ilícito», afirmó Cardozo en declaraciones a la prensa.
Ante estas evidencias, el presidente Luis Arce ordenó la inmediata destitución de Lisperguer, calificando los indicios de corrupción como inadmisibles. La Fiscalía ha citado a declarar a todos los involucrados, buscando aclarar el origen de los fondos y el rol de cada participante en este posible entramado ilícito.
La investigación también incluye presuntos delitos de falsedad en declaraciones juradas, ya que ambos acusados habrían ocultado bienes de gran valor. Este miércoles, un investigador asignado dará continuidad al caso que promete revelar nuevas irregularidades y complicidades.
Los ciudadanos, indignados, exigen mano dura contra la corrupción, mientras las redes sociales estallan en críticas y denuncias de otros casos similares que empañan la gestión pública.
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