El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado que, a partir de enero de 2025, se dedicará de lleno a la organización de las elecciones generales, con fecha prevista para el 10 de agosto del mismo año. Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, destacó que este esfuerzo estará centrado en la planificación y coordinación de los procesos que garanticen la transparencia y eficiencia de los comicios, desde el registro de votantes hasta el conteo final de los votos. «A partir de enero, el TSE concentrará todos sus recursos y esfuerzos en la organización de las elecciones generales.
La convocatoria oficial se hará en los primeros días de abril de 2025, y será ese el momento en que detallaremos el cronograma definitivo de actividades», señaló Hassenteufel.
Una de las prioridades para el TSE en los próximos meses será la aprobación de la ley de redistribución de escaños, que ajustará la representación legislativa en función de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2024. Este proceso marcará cambios importantes en el número de curules para las diferentes regiones del país. Según los primeros cálculos, Santa Cruz pasará de 28 a 29 curules de diputados, mientras que La Paz tendrá 29, Cochabamba 19, Potosí 13, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8, Pando 5 y Chuquisaca verá una reducción, pasando de 10 a 9 curules.
El proceso electoral no solo será crucial para la elección de presidente y vicepresidente, sino también para la renovación de 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes ante organismos parlamentarios supranacionales. La elección marcará un hito en la historia política del país, con la participación activa de todos los sectores sociales, además de la vigilia constante en torno al cumplimiento de los plazos establecidos.
Según el calendario electoral, si en las elecciones generales ningún candidato presidencial obtiene el 50% más 1 de los votos, o si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 10%, se procederá a una segunda vuelta electoral, programada para el 19 de octubre de 2025. Esta medida busca garantizar que el futuro presidente sea elegido con un mandato claro y legítimo, y de esta manera, asegurar una transición ordenada del gobierno. La transición de poder se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2025, fecha en que el mandato de Luis Arce concluirá, dejando paso a la nueva administración electa por el pueblo boliviano.
Este proceso electoral se presenta como uno de los más complejos y esperados en la historia reciente de Bolivia, por lo que el TSE ya se prepara para enfrentar los desafíos logísticos, jurídicos y sociales que podrían surgir durante la organización de los comicios, buscando siempre garantizar la participación plena de la ciudadanía y el respeto a la voluntad popular.
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