
La desaparición de cuatro niños afroecuatorianos en Guayaquil ha desatado una tormenta política y social en Ecuador. Las cámaras de vigilancia revelaron el momento exacto en que una patrulla militar, compuesta por 16 agentes, persiguió, capturó y subió a los menores a una camioneta en la Avenida 25 de Julio. Desde entonces, su paradero es un misterio que ha sacudido al gobierno de Daniel Noboa.
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, inicialmente negó la implicación militar, culpando a “grupos delincuenciales”. Sin embargo, tras la difusión de las imágenes, se vio obligado a admitir que los soldados participaron en la aprehensión. Según el informe oficial, los niños habrían sido dejados en Taura, pero esta versión contradice los testimonios familiares, que aseguran que los menores fueron golpeados, despojados de su ropa y luego desaparecieron.

La Fiscalía ha solicitado formular cargos contra los 16 militares involucrados por el delito de desaparición forzada. Mientras tanto, en un allanamiento a la base de Taura se inspeccionaron vehículos militares y se analizaron posibles restos humanos hallados en la zona. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha exigido medidas urgentes para garantizar una investigación exhaustiva y proteger a las familias afectadas.
Este caso, que refleja un patrón de abusos cometidos bajo el estado de emergencia decretado por Noboa, ha elevado las tensiones políticas y sociales. Desde que las Fuerzas Armadas asumieron tareas de seguridad, se han reportado múltiples desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. La indignación crece mientras Ecuador exige justicia y verdad para Ismael, Steven, Saúl y Josué, cuyos nombres ahora simbolizan la lucha contra la impunidad.


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