Un padre de familia se encuentra peregrinando por justicia tras descubrir que su hija, de tan solo 14 años, fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y estaba siendo prostituida por su propia madre en el Plan 3000. El hombre relató que se enteró del desgarrador hecho cuando su hija logró escapar del domicilio de su madre, exhausta de los abusos constantes. En un acto de valentía, la niña decidió contarle a su padre el horror vivido durante meses, revelando cómo su madre la enviaba a hombres desconocidos a cambio de dinero mediante la plataforma Instagram, y cómo su padrastro la sometía a constantes agresiones sexuales.
La situación se tornó aún más grotesca cuando la víctima reveló que su madre no solo explotaba su cuerpo, sino que también la exhibía y ofrecía a amigos de su padrastro en encuentros sociales. La madre, tras asistir a los «amistosos de fútbol» donde los jugadores, en su mayoría amigos cercanos del padrastro, se alcoholizaban, presumía a su hija ante ellos. Después de embriagarse, ofrecía a la menor a los jugadores para que tuvieran encuentros sexuales con ella, a cambio de dinero o favores. Estos episodios ocurrieron en varias ocasiones, generando un ambiente de abuso y humillación para la niña, que, aterrada, veía cómo su madre utilizaba su cuerpo para obtener beneficios.
El padre, devastado por la revelación, acudió rápidamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, buscando apoyo para rescatar a sus otros hijos y proteger a la niña, pero recibió una respuesta desalentadora. Desde la Defensoría le informaron que no tenían personal disponible y que él mismo debía encargarse del rescate de sus hijos.
La situación se agravó aún más cuando el hombre intentó denunciar a la madre y al padrastro de su hija en la Fiscalía. La fiscal Karen Miranda Ovando, lejos de facilitar el proceso, dilató el caso, exigiendo una serie de requisitos burocráticos, a pesar de las pruebas irrefutables del abuso y la prostitución forzada. “La Ley 348 es clara, no existe formalidad cuando se trata de víctimas especiales como en este caso. Al parecer están esperando que los acusados huyan del país antes de actuar”, expresó la abogada de la víctima, Vanesa Rivero Cabrera, visiblemente frustrada.
El padre de la menor, preocupado por la seguridad de sus otros hijos, lucha desesperadamente para que se haga justicia. A pesar de las pruebas irrefutables, que incluyen los testimonios de la víctima y evidencia digital, tanto la Defensoría como la Fiscalía han fallado en brindar el apoyo necesario, dejando a la niña y a su familia en una situación de total vulnerabilidad.
El clamor de justicia resuena en la comunidad del Plan 3000, donde los vecinos, indignados por el abandono institucional, exigen que las autoridades tomen acción inmediata para evitar que estos abusos sigan ocurriendo. «No podemos permitir que este caso quede impune. La vida de esta niña y de otros menores está en peligro, y el sistema judicial está fallando», manifestó
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