En una sesión tensa y cargada de debates, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de ley que elimina varios artículos y disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE), entre ellos la cuestionada disposición adicional séptima. Esta norma generó un fuerte rechazo en sectores sociales, ya que permitía la fiscalización, confiscación y decomiso de productos en casos de retención, lo que era visto como un mecanismo de control estatal excesivo.
Además de esta disposición, se derogaron los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21, junto con otras disposiciones adicionales y finales que regulaban distintos aspectos económicos y administrativos del presupuesto.

El debate no estuvo exento de tensión, con legisladores oficialistas defendiendo la norma como una herramienta de fiscalización, mientras que la oposición y sectores productivos denunciaban que se trataba de una medida arbitraria que afectaba la propiedad privada y la libre comercialización.
Ahora, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, donde se espera una nueva ronda de discusiones intensas. Grupos empresariales y comerciantes han advertido que seguirán presionando para garantizar que la eliminación de la disposición séptima se mantenga en firme.

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