El expresidente Jorge Tuto Quiroga vuelve al ojo del huracán judicial con la reactivación de un proceso por difamación que lo enfrenta al Banco Unión, el banco estatal boliviano. Aunque el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, minimizó el caso, asegurando que se trata de un juicio de orden privado sin implicaciones políticas, el propio Quiroga lo calificó como una maniobra del oficialismo para perjudicarlo en medio del clima electoral.
El proceso, que data de 2009, se originó cuando Quiroga vinculó al Banco Unión con el escándalo de corrupción de Catler, un caso que sacudió la gestión de Evo Morales. En ese entonces, el expresidente acusó públicamente a la entidad financiera de ser una “lavandería de corrupción”, lo que motivó la demanda en su contra por calumnia, injurias y difamación.
Durante más de una década, el caso avanzó hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que detectó irregularidades procesales y ordenó su revisión desde la instancia más antigua. En octubre de 2023, el Banco Unión solicitó el desarchivo y la causa volvió a cobrar fuerza.
Este viernes, Quiroga debía comparecer ante la justicia, pero la audiencia fue postergada hasta el 13 de febrero. Aprovechando la postergación, el expresidente denunció que el Gobierno está utilizando el juicio como un arma política para atacarlo y reactivar un caso dormido con el fin de debilitarlo públicamente.
Por su parte, el ministro Del Castillo insistió en que el Ejecutivo no tiene nada que ver en el proceso y que su única consecuencia será una disculpa pública de Quiroga al Banco Unión.
“Si llega a algún puerto, lo único que ocurrirá es que el señor Tuto Quiroga pida disculpas. No es un caso de relevancia ni uno en el que esté involucrado el Gobierno nacional”, declaró la autoridad.
La reaparición de este juicio ha generado suspicacias, ya que coincide con el escenario electoral en el que el oficialismo y la oposición afinan estrategias para las futuras elecciones. Mientras el Gobierno se desmarca del proceso, el expresidente se mantiene firme en su postura de que es víctima de una persecución política. Ahora la pregunta es: ¿se trata de una simple resolución judicial pendiente o de un golpe calculado para desestabilizar a una figura de la oposición?
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