
Un megaoperativo dejó al descubierto una presunta red de corrupción en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, tras un allanamiento realizado el miércoles. Este jueves, la Fiscalía Departamental reveló que cinco funcionarios públicos de alto rango y un civil están siendo investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
Entre los implicados se encuentran un juez, registradores, un supervisor, un asesor, una registradora y dos funcionarias de la Dirección Administrativa y Financiera (DAC). Según las investigaciones preliminares, estas personas habrían tejido un esquema de irregularidades que abarca la sobrevaloración de propiedades, la emisión fraudulenta de certificaciones y la manipulación en la gestión de pagos de créditos bancarios y anotaciones preventivas.
El fiscal Alberto Zeballos informó que durante el allanamiento se incautaron documentos, equipos tecnológicos y registros contables, los cuales están siendo analizados para determinar la magnitud del daño económico. Si bien no se ha oficializado la cifra, se estima que este podría superar los 2 millones de bolivianos.

Uno de los aspectos más polémicos del caso es la presunta participación de un particular, quien, según las investigaciones, actuaba como enlace externo para facilitar los trámites irregulares y captar clientes en busca de beneficios ilegales.
Este escándalo ha generado un fuerte repudio social, con exigencias de sanciones ejemplares para los implicados y una limpieza total dentro de Derechos Reales. La Fiscalía anunció que en los próximos días se tomarán las declaraciones de los citados y no descarta la ampliación del caso a otros niveles administrativos. Mientras tanto, el sistema judicial enfrenta nuevas críticas por la corrupción enquistada en sus estructuras.
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