Teniente coronel acusado de violación fue enviado a Palmasola en 2021 por un caso de robo a una casa de juegos

El teniente coronel de la policía Boliviana, Cristian Yammill Alarcón Quenallata ha sido protagonista de múltiples escándalos que han puesto en entredicho su conducta y la integridad de la institución a la que pertenece. Su historial está marcado por graves acusaciones de corrupción y abuso de poder, que resurgieron tras su reciente detención por un presunto caso de violación. Sin embargo, su pasado ya lo había convertido en un nombre polémico dentro de la fuerza policial.

En septiembre de 2021, Alarcón fue investigado junto a otros cuatro uniformados por el robo de 65.000 dólares en una casa de juegos en Santa Cruz, perteneciente a la Fraternidad La Sede.

Según testimonios, los policías ingresaron al lugar, se llevaron la memoria de las cámaras de seguridad y sustrajeron una pechera con dinero en efectivo, incluyendo dólares y bolivianos. Extraoficialmente, se mencionó un monto total de 65.000 dólares. El caso, que involucró a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue declarado en reserva por el fiscal Roger Mariaca Montenegro, quien argumentó la complejidad del hecho y la necesidad de individualizar responsabilidades. Sin embargo, la falta de transparencia generó críticas y cuestionamientos sobre la impunidad dentro de la institución.

Además, una pareja denunció que Alarcón y sus colegas en otro operativo les habrían robado 37.000 bolivianos durante una intervención relacionada con narcotráfico.

El ministro Eduardo del Castillo en ese entonces confirmó que las cámaras de seguridad respaldaban estas acusaciones y señaló que los implicados deberían haber sido dados de baja de la Policía Boliviana. A pesar de las evidencias, Alarcón continuó en servicio, lo que hoy genera indignación ante las nuevas acusaciones en su contra.

La unidad anticorrupción de la Policía impulsó la investigación de los cinco uniformados por delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. Sin embargo, el caso fue declarado en reserva, lo que impidió que se conocieran detalles concretos sobre las sanciones aplicadas a los implicados. Este historial de presuntas irregularidades resurgió tras su detención por el presunto abuso sexual de una mujer en la Pampa de la Isla, poniendo en evidencia un patrón de conducta que ha generado indignación y demandas de justicia.